ARGENTINA, FRENTE A UN DILEMA SOBERANO

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📍  *ARGENTINA* – 📅 *17/12/2020* – 🔗 TierraJusta

Por NICOLAS MORETTI – 06/12/2020 /// Foto: UTT – Unión de Trabajadores de la Tierra

La producción de soja en Argentina, entendida como producto agrícola exportable de gran volumen, comenzó su preeminencia en la década de 1970. Durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se aprobó la difusión de la soja transgénica en el país y con ello nuevas reglas de juego para los agronegocios, mucho más agresivas y extractivistas que las que predominaban hasta ese momento. 

Los datos son categóricos e incontrastables: Mientras que en 1981 la soja significaba el 10% de la producción total de granos en el país, en el año 2007 llegó a ser del 50%. Y en apenas diez años, entre 1996 y 2006, el 91,7% del aumento total del volumen de producción de granos en el país correspondió a la soja. Estos números se explican poniendo luz sobre variables tales como la cantidad de tierra destinada a este cultivo, que pasó del 20% del total de superficie donde se producían granos en 1996, al 53% actual. Al mismo tiempo, el 90% de la producción de soja en la Argentina se exporta. Y un último dato, revelador: toda la producción de esta oleaginosa en el país es transgénica. 

Aunque otra explicación posible a este fenómeno esté relacionada con el alza memorable del precio de las commodities, que en la primera década de este siglo alcanzó precios récord (del orden de aproximadamente 600 dólares por tonelada de soja según la valuación de la Bolsa de Chicago), lo que se revela detrás de este modelo de negocios es una impronta profundamente neoliberal y monopólica en la producción agrícola del país, íntimamente vinculada con las consecuencias de aquel boom de precios internacionales: un nuevo sistema de acumulación de los recursos del agro, de corte financiero, en el que desarrolla la lógica de los agronegocios. 

Dentro de la enorme cantidad de cambios que introdujo la Reforma del Estado de 1991, la desregulación total de la administración del agro argentino y la eliminación de instrumentos estatales que lo organizaban (como la Junta Nacional de Granos), logró que la producción agrícola argentina, sus exportaciones y la entrada de divisas al país producto de la comercialización de estos productos a gran escala, se muevan al ritmo de lo que demandaba el mercado global en contraposición con los intereses del pueblo argentino. 

Muchos productores se vieron obligados a comprar semillas de origen importado, cuyo tratamiento es exclusivamente con agrotóxicos para hacer rendir al máximo la cosecha en detrimento de los nutrientes del suelo, del ambiente, del circuito hídrico y de la propia salud de los trabajadores. Al mismo tiempo, para maximizar los recursos de dicha cosecha, hacen falta máquinas e infraestructura que no suelen estar al alcance de los pequeños y medianos productores. 

La exclusividad que tiene la soja en las exportaciones de materias primas en Argentina, hizo que otras producciones agrícolas que históricamente habían sido primordiales para el comercio exterior del país, pasen a un segundo o tercer plano. Por ejemplo, Argentina perdió el lugar de privilegio que tenía que la exportación de carnes y cereales, debido a que la superficie en la que se cría ganado o se cultiva trigo se encuentra arrinconada por la soja. 

La presencia tan importante de transgénicos hace peligrar, no solo a la seguridad alimentaria de la población, sino también la soberanía alimentaria, ya que el país es cada vez más dependiente de multinacionales que monopolizan la producción de granos y la provisión de semillas. 

Por último, este modelo contribuyó a la desaparición de la agricultura familiar y el trabajo de la tierra por parte de productores independientes y de poblaciones originarias con derecho ancestral sobre esas tierras. La producción de soja los corrió violentamente, sumergiéndolos en la indigencia o llevándolos al sometimiento a través de la explotación laboral que es moneda corriente en el sector rural, y generó una dramática transformación de la biodiversidad en algunas regiones del país (en particular en el noreste argentino) debido a las deforestaciones a gran escala y a la transformación del clima derivada de la adulteración del ecosistema local. 

En prácticamente ninguna de estas problemáticas se ve la mano o la presencia del Estado. Con algunas dificultades, especialmente políticas, algunos gobiernos han intentado intervenir tímidamente en estos asuntos. Trataron de incorporar nuevos marcos regulatorios para el uso de agro tóxicos, o de modificar el status quo exportador mediante diversas medidas. Todas han fracasado. Probablemente, Argentina pueda recuperar una porción de soberanía sobre su producción agrícola en los próximos años, si es que la decisión política está orientada firme y regularmente a modificar por lo menos algunas de estas injusticias, tal y como proponen verbalmente las principales figuras del Gobierno actual.

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